Algunos pensamientos sobre el problema catalán

1. En los estados democráticos, no existe el derecho de un territorio (o de la sociedad que lo habita) a separarse del estado al que pertenece. Existe, como máximo, el derecho del estado a conceder a uno de sus territorios el derecho a decidir si quiere separarse. Las constituciones de muchos estados democráticos no reconocen al propio estado ese derecho, aunque en general podrían ser enmendadas o reformadas para reconocerlo. Pero, insisto, en ningún caso hay algo así en la legislación internacional como "el derecho de un territorio a separarse unilateralmente del estado (democrático) al que pertenece". Proclamas como la reciente de Artur Mas, diciendo que "nos hemos ganado el derecho a ser independientes", sólo tienen contenido emocional para quien quiera compartir esas emociones, o para quien pueda encontrar en ellas a un aliado en sus propias batallitas mentales, pero carecen absolutamente de la más mínima validez ni fundamentación jurídica.
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2. Plantear la lucha de los secesionistas catalanes por la independencia como un ejemplo o continuación de pasadas o no tan pasadas "luchas por la libertad" (la liberación de las colonias, de los esclavos, de las mujeres, de las ex-repúblicas soviéticas, de los judíos, de los palestinos, de los homosexuales, etc.) es, en el mejor de los casos, un chiste de mal gusto. Ver en la sociedad catalana de hoy en día a un "pueblo oprimido" solo es posible desde una mentalidad absolutamente alejada de cualquier principio de realismo. No solo comparten los catalanes los mismos derechos civiles y políticos que cualquier habitante de cualquier región de cualquier país de la Unión Europea o de otros estados, sino que gozan de una cuota de autogobierno muy superior a la de la inmensa mayoría de las regiones de esos estados; tanto, que si Cataluña fuese ahora, por ejemplo, un departamento de Francia, el movimiento independentista se daría con un canto en los dientes por conseguir que el estado francés les concediera una cuarta parte de la autonomía que tienen en España. El control del gobierno autonómico catalán sobre todo aquello que tiene que ver con la "defensa de la identidad catalana" lleva siendo casi absoluto desde las primeras elecciones autonómicas hace ya casi cuatro décadas. El secesionismo es, además, claramente predominante entre las clases sociales más privilegiadas de Cataluña, las que no han tenido ningún problema en disponer de recursos públicos y privados para organizar su vida y la de la sociedad como les ha parecido mejor. Si gente como los Pujol, los Sala-i-Martín o los Llach representan a un grupo social "oprimido", yo soy Cleopatra y Marco Antonio juntos.
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3. A pesar de lo dicho en los puntos 1 y 2, es posible y deseable, por supuesto, una salida dialogada a la situación de tensión provocada por los recientes desafíos de los secesionistas. Pero tiene que estar meridianamente claro que "salida dialogada" no tiene por qué significar "una forma consensuada con el estado de organizar un referéndum de autodeterminación" (aunque, por poder, eso podría estar entre los posibles acuerdos; sólo digo que no hay que asumir que necesariamente tendría que estarlo). El diálogo también tendría que poder servir para que los dirigentes secesionistas se vean incentivados a encontrar fórmulas mediante las que rebajar la tensión social que han alimentado y de la que se han aprovechado políticamente en los últimos años. También deberían asumir que la "negociación" podría incluir, no la cesión de aún más autonomía, sino quizá la devolución de algunas competencias al estado central, o la reorganización consensuada con el estado de algunos aspectos del ordenamiento jurídico catalán. O, lo que sería más razonable, un intercambio de "gestos" en ambas direcciones. En especial, el estado debería exigir que los elementos de autogobierno que se conceden a Cataluña no sean deslealmente utilizados en el futuro para seguir alimentando la fiebre independentista.
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4. En particular, el estado debería hacer valer el hecho de que una Cataluña independiente con más o menos la mitad de su población contraria a esa independencia se enfrentaría a un problema interno muchísimo más grave que lo grave que puede ser para España la existencia de una ligera mayoría independentista en Cataluña. En el hipotético caso de que se llegase a negociar la celebración de un referéndum de autodeterminación, ni las preguntas a formular, ni las condiciones en las que el resultado del referéndum legitimase la independencia, habría que dejar que las decidieran unilateralmente los secesionistas. Por ejemplo, para que el resultado fuese válido se debería establecer una participación mínima muy alta (no menor de tres cuartos del censo), una mayoría reforzada para cambiar el statu quo (sutancialmente mayor  que un mero 50% de votos favorables a la independencia; cuánto de mayor, ya se vería), y la posibilidad de que territorios catalanes claramente contrarios a la independencia pudieran seguir formando parte del estado español.
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5. Y a todo esto, un aplauso desde aquí a Josep Borrell. Qué gran presidente del gobierno perdimos la ocasión de tener por la cortedad de miras de tanta gente de su partido.